Cuando en el pico de su enojo el Presidente García llamó con el nombre del roedor más famoso del mundo animal a los protagonistas del petroescándalo que le estalló en la cara a los apristas y a todo el país, hace un par de semanas, el mismo mandatario seguramente no imaginó las posiciones que llovieron luego sobre el uso del referente, al margen de las indignaciones lógicas sobre el propio episodio de corrupción.
“Bieto” Quimper ha rechazado el comparativo; pero no vale, no puede ser juez y parte (aunque ya quisiera ser juez del ilícito del que fue parte). Jaime Bayly le ha restado autoridad a García Pérez para usar la analogía y ha extendido una propia: frente a las ratas, el presidente sería una muca o un ronsoco, roedores de mayor tamaño que una rata. Exceso del escritor, uno más, pero también una falta de reparo en el sentido transliteral que el vocablo “rata” busca.
Aludir a un roedor más grande no representa una relación proporcional a las adjetivaciones que supone usar “rata”. Para la Academia de la Lengua, sólo ella, ningún pariente cercano o lejano alude lo que le reserva la cuarta de siete acepciones del diccionario: “Persona despreciable” (salvo pericote que, sinónimo de ratón, no aparece en el diccionario aún con el figurativo de ladronzuelo que le damos en el Perú). El sexto significado va por “ratero”, es decir un derivado, “ladrón que hurta cosas de poco valor”.
Con la acepción autorizada, “ser rata” en Hispanoamérica -en algunos países más que en otros- pasa desde ser un sinvergüenza a la mala, un delincuente de mayores, a un traidor de amplio espectro. ¿Usó mal el término el Presidente?
En occidente, como animal símbolo, la rata tiene mala reputación a diferencia de oriente donde llega a formar parte de tradiciones de culto. En India se le venera y los hindúes se permiten en ciertas fechas comer con ellas -perdón, después de ellas- en ceremonias abiertas. Los chinos han hecho de la rata una de sus doce deidades de su zodiaco, en alusión a su agilidad e inteligencia.
Pero para Europa la rata ha sido trasmisora de la peste negra en el siglo XIV y el principal devastador de sus despensas primero en los feudos, luego en las ciudades y más tarde en los barcos con los que se cruzó a América. Si sólo la peste mató en un momento dado de la historia a las tres cuartas partes de Europa, es casi comprensible que la rata goce de tanta mala imagen.
Ni Mickey Mouse ni Ratatouille, pasando por Ignacio, ratones, en todo caso, han podido contravenir con unas relaciones públicas más bien recientes (Miguelito tiene poco más de 60 años, apenas) lo que más de siete siglos han hecho en contra de la rata.
jueves, 23 de octubre de 2008
martes, 14 de octubre de 2008
Seis años de acceso a la Información en Perú
I
En agosto, recién no más, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cumplió seis cortos años. Pero su celebración, en un contexto muy “peculiar”, ha tomado formalmente los dos últimos días de septiembre. Para esta fiesta de lo que es un derecho fundamental en todas las sociedades que aspiran a una democracia real, los convocantes han sido el Instituto Prensa y Sociedad y la Defensoría del Pueblo, primero propulsores sostenidos de la legislación, y luego celosos guardianes de su implementación y defensa.
La reunión para celebrar la Ley se ha hecho llamar sobriamente Primera Conferencia Nacional sobre Acceso a la Información. Y sus objetivos han sido: 1) evaluar el estado del tema en todos los niveles del Estado, 2) discutir y proponer los criterios y metodologías más adecuados para monitorear la vigencia de la transparencia y el acceso a la información pública. Y 3) concertar una agenda de trabajo en la materia que pueda ser asumida por representantes del sector público, con especial incidencia en los gobiernos regionales y la sociedad civil.
Por la sola aspiración de sus metas y la convocatoria a los máximos exponentes que tratan, vigilan, o monitorean la Ley el evento ha sido ya un referente. Los dos días que ha durado la celebración-encuentro-discusión se han reunido desde el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros y una alta representante de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información al Presidente Regional de Lambayeque -cuya oficina lidera en el país las mejores prácticas de transparencia- y la propia Defensora del Pueblo, pasando por los directores ejecutivos de las ONGS que tienen uno los dos pies puestos en el asunto en cuestión.
Sin embargo, el plus de la celebración lo ha puesto, sin proponérselo, y como ha enfatizado Gustavo Gorriti, Presidente del IPYS, el espacio-tiempo en que se daba el evento: el comportamiento de la mayoría de parlamentarios en las últimas semanas y el cómo se han desvelado sin vergüenza alguna actitudes opuestas transgresoramente a la Ley, al negarse a mostrar sus rendiciones de cuentas, cuando una periodista de TV, el director de un diario y cientos de ciudadanos en esa campaña que ya reseñáramos (Adopta a un congresista), se las solicitaran al amparo de un derecho constitucional.
¿Qué se puede suponer si el colectivo que debiera ser el que dé el ejemplo a la ciudadanía, el cuerpo que sanciona las leyes en el país, se niega a cumplir una de las más importantes normas erigidas para el sostén del sistema democrático? La doctora Catalina Botero, Relatora electa para la Libertad de Expresión de la OEA, se excusaba por conocer poco del caso peruano en general, pero al sellar su intervención sobre lo que llama los 10 estándares que las leyes de acceso de información deben de conseguir en el mundo, redondeó lo que le cae en la cara de estos padres y madres de la Patria: “En la mayoría de los casos lo que no se quiere mostrar es porque no se puede justificar”.
II
El cumpleaños de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no puede tener un mejor contexto para festejarse como necesaria, en un país que destapa con relativa frecuencia casos de corrupción cuyo clímax se bautizan como vladivideos o petrogates. Los audios León-Quimper, León – Canáan y Quimper – Arias Schreiber dan suficiente respaldo como para que la ciudadanía pueda disponer a su alcance más prácticas maneras –ya no sólo periodísticas- de destapar podredumbres como las expuestas esta semana.
Es claro que el concepto de información, por demás vasto, extiende para los ciudadanos lo que modestamente dice de él el diccionario: “Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada”. Sus alcances se amplían cuando se formula sobre lo público; “información pública es todo aquel mensaje cuyo contenido es de incumbencia de todos los ciudadanos, y por ello, en principio, debe ser conocida por todos. El derecho protege aquí la publicidad y la libre circulación de la información, a fin de que sea accesible a todos en forma efectiva”, sentará Dolores Lavalle.
Los especialistas han insistido en que la transparencia y el derecho al acceso a la información están lejos de entenderse como una dádiva de los gobernantes. Lo público no sólo es, per se, de todos sino que el funcionario debe, también per se, entender que su función merece y debe ser auscultada por la ciudadanía. En la reunión que festejó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Lima, alguien sentenció sin más “los funcionarios y los políticos tienen que asumir que su función va a estar expuesta al escrutinio de los pobladores”. O sea, quien no acepte esa premisa no debe de pretender un puesto público.
¿Merecemos necesariamente un clima de enfrentamientos entre ciudadanos y funcionarios? No, no necesariamente. Simplemente, como marcan Pérez y Makowiak, el derecho al acceso a la información, será el ejercicio de participación democrática en la complejidad de un estado “que sucumbe a su propia dinámica burocrática”. Subirats reflexiona si es necesaria la participación ciudadana si ya tenemos democracia. Y concluye que “las críticas a cómo funciona realmente, país a país, la democracia son consustanciales con el propio mecanismo de perfeccionamiento continuo que consagra”.
La fragilidad democrática de nuestros países, las herencias de prácticas oscuras, la subsistencia de vacíos legales o dobles lecturas a leyes que pretenden desde el papel ser claras, le insuflan oxígeno a una corriente que en el mundo toma más cuerpo, la de la transparencia de los gobiernos y el acceso a información para sus ciudadanos. Pero incluso eso no es acaso suficiente y se necesite intensidad en que los propios ciudadanos reconozcan su derecho a saber de sus gobernantes, sus acciones, sus olvidos, su eficiencia, y se animen a ejercer lo que es suyo por principio.
En agosto, recién no más, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cumplió seis cortos años. Pero su celebración, en un contexto muy “peculiar”, ha tomado formalmente los dos últimos días de septiembre. Para esta fiesta de lo que es un derecho fundamental en todas las sociedades que aspiran a una democracia real, los convocantes han sido el Instituto Prensa y Sociedad y la Defensoría del Pueblo, primero propulsores sostenidos de la legislación, y luego celosos guardianes de su implementación y defensa.
La reunión para celebrar la Ley se ha hecho llamar sobriamente Primera Conferencia Nacional sobre Acceso a la Información. Y sus objetivos han sido: 1) evaluar el estado del tema en todos los niveles del Estado, 2) discutir y proponer los criterios y metodologías más adecuados para monitorear la vigencia de la transparencia y el acceso a la información pública. Y 3) concertar una agenda de trabajo en la materia que pueda ser asumida por representantes del sector público, con especial incidencia en los gobiernos regionales y la sociedad civil.
Por la sola aspiración de sus metas y la convocatoria a los máximos exponentes que tratan, vigilan, o monitorean la Ley el evento ha sido ya un referente. Los dos días que ha durado la celebración-encuentro-discusión se han reunido desde el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros y una alta representante de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información al Presidente Regional de Lambayeque -cuya oficina lidera en el país las mejores prácticas de transparencia- y la propia Defensora del Pueblo, pasando por los directores ejecutivos de las ONGS que tienen uno los dos pies puestos en el asunto en cuestión.
Sin embargo, el plus de la celebración lo ha puesto, sin proponérselo, y como ha enfatizado Gustavo Gorriti, Presidente del IPYS, el espacio-tiempo en que se daba el evento: el comportamiento de la mayoría de parlamentarios en las últimas semanas y el cómo se han desvelado sin vergüenza alguna actitudes opuestas transgresoramente a la Ley, al negarse a mostrar sus rendiciones de cuentas, cuando una periodista de TV, el director de un diario y cientos de ciudadanos en esa campaña que ya reseñáramos (Adopta a un congresista), se las solicitaran al amparo de un derecho constitucional.
¿Qué se puede suponer si el colectivo que debiera ser el que dé el ejemplo a la ciudadanía, el cuerpo que sanciona las leyes en el país, se niega a cumplir una de las más importantes normas erigidas para el sostén del sistema democrático? La doctora Catalina Botero, Relatora electa para la Libertad de Expresión de la OEA, se excusaba por conocer poco del caso peruano en general, pero al sellar su intervención sobre lo que llama los 10 estándares que las leyes de acceso de información deben de conseguir en el mundo, redondeó lo que le cae en la cara de estos padres y madres de la Patria: “En la mayoría de los casos lo que no se quiere mostrar es porque no se puede justificar”.
II
El cumpleaños de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no puede tener un mejor contexto para festejarse como necesaria, en un país que destapa con relativa frecuencia casos de corrupción cuyo clímax se bautizan como vladivideos o petrogates. Los audios León-Quimper, León – Canáan y Quimper – Arias Schreiber dan suficiente respaldo como para que la ciudadanía pueda disponer a su alcance más prácticas maneras –ya no sólo periodísticas- de destapar podredumbres como las expuestas esta semana.
Es claro que el concepto de información, por demás vasto, extiende para los ciudadanos lo que modestamente dice de él el diccionario: “Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada”. Sus alcances se amplían cuando se formula sobre lo público; “información pública es todo aquel mensaje cuyo contenido es de incumbencia de todos los ciudadanos, y por ello, en principio, debe ser conocida por todos. El derecho protege aquí la publicidad y la libre circulación de la información, a fin de que sea accesible a todos en forma efectiva”, sentará Dolores Lavalle.
Los especialistas han insistido en que la transparencia y el derecho al acceso a la información están lejos de entenderse como una dádiva de los gobernantes. Lo público no sólo es, per se, de todos sino que el funcionario debe, también per se, entender que su función merece y debe ser auscultada por la ciudadanía. En la reunión que festejó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Lima, alguien sentenció sin más “los funcionarios y los políticos tienen que asumir que su función va a estar expuesta al escrutinio de los pobladores”. O sea, quien no acepte esa premisa no debe de pretender un puesto público.
¿Merecemos necesariamente un clima de enfrentamientos entre ciudadanos y funcionarios? No, no necesariamente. Simplemente, como marcan Pérez y Makowiak, el derecho al acceso a la información, será el ejercicio de participación democrática en la complejidad de un estado “que sucumbe a su propia dinámica burocrática”. Subirats reflexiona si es necesaria la participación ciudadana si ya tenemos democracia. Y concluye que “las críticas a cómo funciona realmente, país a país, la democracia son consustanciales con el propio mecanismo de perfeccionamiento continuo que consagra”.
La fragilidad democrática de nuestros países, las herencias de prácticas oscuras, la subsistencia de vacíos legales o dobles lecturas a leyes que pretenden desde el papel ser claras, le insuflan oxígeno a una corriente que en el mundo toma más cuerpo, la de la transparencia de los gobiernos y el acceso a información para sus ciudadanos. Pero incluso eso no es acaso suficiente y se necesite intensidad en que los propios ciudadanos reconozcan su derecho a saber de sus gobernantes, sus acciones, sus olvidos, su eficiencia, y se animen a ejercer lo que es suyo por principio.
Clases de cívica con la urraca
Magali Medina le ha vuelto a sacar la vuelta a todos los peruanos de buena fe y ha convertido lo que pudo ser una sanción ejemplar a sus idas de boca, en un reality donde ella misma es la protagonista central: el miércoles 26 empezó la primera de 17 jornadas de servicio comunitaria hablando sobre el riesgo personal y social que supone el consumo de drogas con un grupo de 200 escolares limeños y acompañada por un “panel” de jóvenes promesas del canto.
La urraca más odiada (pero también más vista por TV) del Perú ha dejado sentada una habilidad para sortear los vientos en contra, y volar a sus anchas. Asesorada por Nakazaki, abogado experimentado en encontrarle recovecos positivos a la cualquier ley por encima que dispare en la propia cara (he allí el juicio “dorado” a Fujimori), la condena que dictara un juez sobre el caso de presunta difamación contra el productor Efraín Aguilar ha sido cumplida a pie juntillas pero con los agregados de las luminarias, el making off, el show televisivo en suma.
La diva peruana -lo es a su modo, un modo chicha además, pese a quien le pese- engrosa la larga lista de condenados no a cárcel sino servicios forzados, que sólo en los últimos años ha conocido de nombres de cantantes, modelos, magnates y más gente bien, farandulera ella.
Los jueces usan la figura de las penas a servicios comunitarios en casos a famosos, por algunas razones que no escapan al sentido común, trata de explicarme un especialista. Imponer reparaciones civiles cuantiosas no afecta la susceptibilidad de quien tiene dinero de sobra y se baña bien en miles dólares. Castigar con pena privativa es un camino, pero hacerlo a un periodista por asuntos tan en la delgada línea roja que separa los derechos del honor y la intimidad con los de la expresión, pueden tomarse como un atropello a estos últimos.
La salida es, pues, los servicios forzados. Pero nadie fuerza a la urraca. O sí: sólo el rating. Que a mi parecer, es más que su oficio, dinero o pasión. Lo que Medina hace metiendo las narices en los “pecados” públicos de vedettes y peloteros, de comediantes y actores, es su droga. Lo que gana comentando con malicia de fulano y perencejo es su oxígeno. De eso, modulada o recargada ya nadie la saca. “La urraca no se regenera ya”, me advierte un psicólogo clínico.
Por eso yo he “celebrado” el modo en que la conductora del chismógrafo ha salido de ésta. Su contundencia de diablilla para retorcer el espíritu inocente de un juez que cree en la ley. Su argucia para voltear la pena y la condena. Y reirse –finalmente- de todo eso, otra vez de todo lo que hace.
La urraca más odiada (pero también más vista por TV) del Perú ha dejado sentada una habilidad para sortear los vientos en contra, y volar a sus anchas. Asesorada por Nakazaki, abogado experimentado en encontrarle recovecos positivos a la cualquier ley por encima que dispare en la propia cara (he allí el juicio “dorado” a Fujimori), la condena que dictara un juez sobre el caso de presunta difamación contra el productor Efraín Aguilar ha sido cumplida a pie juntillas pero con los agregados de las luminarias, el making off, el show televisivo en suma.
La diva peruana -lo es a su modo, un modo chicha además, pese a quien le pese- engrosa la larga lista de condenados no a cárcel sino servicios forzados, que sólo en los últimos años ha conocido de nombres de cantantes, modelos, magnates y más gente bien, farandulera ella.
Los jueces usan la figura de las penas a servicios comunitarios en casos a famosos, por algunas razones que no escapan al sentido común, trata de explicarme un especialista. Imponer reparaciones civiles cuantiosas no afecta la susceptibilidad de quien tiene dinero de sobra y se baña bien en miles dólares. Castigar con pena privativa es un camino, pero hacerlo a un periodista por asuntos tan en la delgada línea roja que separa los derechos del honor y la intimidad con los de la expresión, pueden tomarse como un atropello a estos últimos.
La salida es, pues, los servicios forzados. Pero nadie fuerza a la urraca. O sí: sólo el rating. Que a mi parecer, es más que su oficio, dinero o pasión. Lo que Medina hace metiendo las narices en los “pecados” públicos de vedettes y peloteros, de comediantes y actores, es su droga. Lo que gana comentando con malicia de fulano y perencejo es su oxígeno. De eso, modulada o recargada ya nadie la saca. “La urraca no se regenera ya”, me advierte un psicólogo clínico.
Por eso yo he “celebrado” el modo en que la conductora del chismógrafo ha salido de ésta. Su contundencia de diablilla para retorcer el espíritu inocente de un juez que cree en la ley. Su argucia para voltear la pena y la condena. Y reirse –finalmente- de todo eso, otra vez de todo lo que hace.
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