Seis años de acceso a la Información en Perú

I

En agosto, recién no más, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública cumplió seis cortos años. Pero su celebración, en un contexto muy “peculiar”, ha tomado formalmente los dos últimos días de septiembre. Para esta fiesta de lo que es un derecho fundamental en todas las sociedades que aspiran a una democracia real, los convocantes han sido el Instituto Prensa y Sociedad y la Defensoría del Pueblo, primero propulsores sostenidos de la legislación, y luego celosos guardianes de su implementación y defensa.
La reunión para celebrar la Ley se ha hecho llamar sobriamente Primera Conferencia Nacional sobre Acceso a la Información. Y sus objetivos han sido: 1) evaluar el estado del tema en todos los niveles del Estado, 2) discutir y proponer los criterios y metodologías más adecuados para monitorear la vigencia de la transparencia y el acceso a la información pública. Y 3) concertar una agenda de trabajo en la materia que pueda ser asumida por representantes del sector público, con especial incidencia en los gobiernos regionales y la sociedad civil.
Por la sola aspiración de sus metas y la convocatoria a los máximos exponentes que tratan, vigilan, o monitorean la Ley el evento ha sido ya un referente. Los dos días que ha durado la celebración-encuentro-discusión se han reunido desde el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros y una alta representante de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información al Presidente Regional de Lambayeque -cuya oficina lidera en el país las mejores prácticas de transparencia- y la propia Defensora del Pueblo, pasando por los directores ejecutivos de las ONGS que tienen uno los dos pies puestos en el asunto en cuestión.
Sin embargo, el plus de la celebración lo ha puesto, sin proponérselo, y como ha enfatizado Gustavo Gorriti, Presidente del IPYS, el espacio-tiempo en que se daba el evento: el comportamiento de la mayoría de parlamentarios en las últimas semanas y el cómo se han desvelado sin vergüenza alguna actitudes opuestas transgresoramente a la Ley, al negarse a mostrar sus rendiciones de cuentas, cuando una periodista de TV, el director de un diario y cientos de ciudadanos en esa campaña que ya reseñáramos (Adopta a un congresista), se las solicitaran al amparo de un derecho constitucional.

¿Qué se puede suponer si el colectivo que debiera ser el que dé el ejemplo a la ciudadanía, el cuerpo que sanciona las leyes en el país, se niega a cumplir una de las más importantes normas erigidas para el sostén del sistema democrático? La doctora Catalina Botero, Relatora electa para la Libertad de Expresión de la OEA, se excusaba por conocer poco del caso peruano en general, pero al sellar su intervención sobre lo que llama los 10 estándares que las leyes de acceso de información deben de conseguir en el mundo, redondeó lo que le cae en la cara de estos padres y madres de la Patria: “En la mayoría de los casos lo que no se quiere mostrar es porque no se puede justificar”.

II

El cumpleaños de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no puede tener un mejor contexto para festejarse como necesaria, en un país que destapa con relativa frecuencia casos de corrupción cuyo clímax se bautizan como vladivideos o petrogates. Los audios León-Quimper, León – Canáan y Quimper – Arias Schreiber dan suficiente respaldo como para que la ciudadanía pueda disponer a su alcance más prácticas maneras –ya no sólo periodísticas- de destapar podredumbres como las expuestas esta semana.
Es claro que el concepto de información, por demás vasto, extiende para los ciudadanos lo que modestamente dice de él el diccionario: “Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada”. Sus alcances se amplían cuando se formula sobre lo público; “información pública es todo aquel mensaje cuyo contenido es de incumbencia de todos los ciudadanos, y por ello, en principio, debe ser conocida por todos. El derecho protege aquí la publicidad y la libre circulación de la información, a fin de que sea accesible a todos en forma efectiva”, sentará Dolores Lavalle.
Los especialistas han insistido en que la transparencia y el derecho al acceso a la información están lejos de entenderse como una dádiva de los gobernantes. Lo público no sólo es, per se, de todos sino que el funcionario debe, también per se, entender que su función merece y debe ser auscultada por la ciudadanía. En la reunión que festejó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Lima, alguien sentenció sin más “los funcionarios y los políticos tienen que asumir que su función va a estar expuesta al escrutinio de los pobladores”. O sea, quien no acepte esa premisa no debe de pretender un puesto público.
¿Merecemos necesariamente un clima de enfrentamientos entre ciudadanos y funcionarios? No, no necesariamente. Simplemente, como marcan Pérez y Makowiak, el derecho al acceso a la información, será el ejercicio de participación democrática en la complejidad de un estado “que sucumbe a su propia dinámica burocrática”. Subirats reflexiona si es necesaria la participación ciudadana si ya tenemos democracia. Y concluye que “las críticas a cómo funciona realmente, país a país, la democracia son consustanciales con el propio mecanismo de perfeccionamiento continuo que consagra”.
La fragilidad democrática de nuestros países, las herencias de prácticas oscuras, la subsistencia de vacíos legales o dobles lecturas a leyes que pretenden desde el papel ser claras, le insuflan oxígeno a una corriente que en el mundo toma más cuerpo, la de la transparencia de los gobiernos y el acceso a información para sus ciudadanos. Pero incluso eso no es acaso suficiente y se necesite intensidad en que los propios ciudadanos reconozcan su derecho a saber de sus gobernantes, sus acciones, sus olvidos, su eficiencia, y se animen a ejercer lo que es suyo por principio.