Con mucho más desparpajo que cuando Perú reclamaba a Japón por el ahora extraditado –vía Chile- ex presidente Alberto Fujimori, el gobierno peruano de boca, nada menos, que de su primer mandatario, Alan García, se interpone a un pedido de la justicia italiana respecto a otro ex presidente peruano, Francisco Morales Bermúdez y su ex primer ministro, Pedro Richter, por supuestas implicaciones en la tristemente afamada operación Cóndor ocurrida en la década de los 70 y principios de los 80.
Negada inmediatamente por el propio ex mandatario de facto (1975 - 1980) quien además se puso a derecho como quien no la debe no la teme, al margen de si dicha participación realmente ocurriera, la apresurada reacción del Ejecutivo, que ha sido respaldada por el primer ministro este último jueves, resulta fuera de lugar. García desconoce al menos uno de los principios claves de un mundo cada vez más globalizado, el de la internacionalización de la justicia, y en cuyos precedentes se sientan el pedido del juez Baltasar Garzón cuando desde España pidió a Inglaterra repatriar a un Chileno, el otrora dictador Augusto Pinochet.
Nuestro Presidente olvida o deja a la deriva otro principio moderno: la imprescriptibilidad de los delitos de violación de derechos humanos, que de acuerdo a su raciocinio no pueden alcanzarle a Morales Bermúdez porque fue el mandatario del tránsito hacia la democracia entre Velasco Alvarado y un repuesto Belaúnde Terry. Es como pretender que se haya negado la extradición de Fujimori porque fue el presidente que inició el “tránsito” hacia la estabilidad económica, olvidando lo puntual de los crímenes de lesa humanidad y corrupción que hoy afronta para felicidad de la justicia.
El caso sobre la Operación Cóndor que sigue una jueza italiana y que ha tocado inicialmente al Perú, aunque no hay aún pedidos formales para extraditar a nadie, involucra a 139 personas de siete países latinoamericanos que habrían cometido crímenes contra opositores a los gobiernos de facto de un periodo en el que los militares de mano dura dominaban el panorama político de América Latina.
Hasta ahora lo que sabe por investigaciones periodísticas y algo de libros de historia es que se trató de una acción acordada por las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay –y para muchos el concurso puntual de la CIA- entre los años 70 y 80. En apariencia los cargos que tratan de inmiscuir a Morales y su ex premier se relacionan con la deportación del Perú en 1980 de tres montoneros argentinos; una que apareció luego muerta y los otros dos desaparecidos. Seguro por eso, a no ser que haya alguna sorpresa, que guarde la justicia italiana, es que se pretende la extradición de Morales Bermúdez y Richter. No había que levantar tanto la voz.
Negada inmediatamente por el propio ex mandatario de facto (1975 - 1980) quien además se puso a derecho como quien no la debe no la teme, al margen de si dicha participación realmente ocurriera, la apresurada reacción del Ejecutivo, que ha sido respaldada por el primer ministro este último jueves, resulta fuera de lugar. García desconoce al menos uno de los principios claves de un mundo cada vez más globalizado, el de la internacionalización de la justicia, y en cuyos precedentes se sientan el pedido del juez Baltasar Garzón cuando desde España pidió a Inglaterra repatriar a un Chileno, el otrora dictador Augusto Pinochet.
Nuestro Presidente olvida o deja a la deriva otro principio moderno: la imprescriptibilidad de los delitos de violación de derechos humanos, que de acuerdo a su raciocinio no pueden alcanzarle a Morales Bermúdez porque fue el mandatario del tránsito hacia la democracia entre Velasco Alvarado y un repuesto Belaúnde Terry. Es como pretender que se haya negado la extradición de Fujimori porque fue el presidente que inició el “tránsito” hacia la estabilidad económica, olvidando lo puntual de los crímenes de lesa humanidad y corrupción que hoy afronta para felicidad de la justicia.
El caso sobre la Operación Cóndor que sigue una jueza italiana y que ha tocado inicialmente al Perú, aunque no hay aún pedidos formales para extraditar a nadie, involucra a 139 personas de siete países latinoamericanos que habrían cometido crímenes contra opositores a los gobiernos de facto de un periodo en el que los militares de mano dura dominaban el panorama político de América Latina.
Hasta ahora lo que sabe por investigaciones periodísticas y algo de libros de historia es que se trató de una acción acordada por las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay –y para muchos el concurso puntual de la CIA- entre los años 70 y 80. En apariencia los cargos que tratan de inmiscuir a Morales y su ex premier se relacionan con la deportación del Perú en 1980 de tres montoneros argentinos; una que apareció luego muerta y los otros dos desaparecidos. Seguro por eso, a no ser que haya alguna sorpresa, que guarde la justicia italiana, es que se pretende la extradición de Morales Bermúdez y Richter. No había que levantar tanto la voz.
*Director de Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán
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