Con al menos ocho puntos controlados –o bloqueados- en las carreteras de todo el país, el del lunes y martes de la semana que terminamos, ha sido sin duda el paro más sentido de los últimos años que ha afectado el Perú, por lo menos para el gobierno García Pérez. Si por un lado, el entorpecimiento del transporte fue el peor de sus síntomas (y con ello una larga cola de afectaciones), lo que merece sanción indudablemente; por otro, es obvio que el sector agrario reclama miradas y acciones enérgicas que, seguro por la fiebre de la inserción del país en los mercados internacionales, no se están dando del todo o a lo mucho sin el consenso del gremio.
En poco menos de 48 horas el sector agrario se ha hecho sentir, aunque quizás no escuchar del todo... por el gobierno. Los dirigentes y sus huestes entre los que los reportes hablan de infiltrados, fuerzas políticas de oposición y matones contratados han levantado la medida por siete días pero ya en el par que se han tomado se ha dejado un saldo de cinco muertos, treinta y tantos heridos, doscientos y pico detenidos y un país en movimiento terrestre que después del martes se levantaba en una pesadilla… de miércoles.
El paro agrario, ilegal por su modos (en su artículo 283 el código penal establece penas entre cuatro a ocho años a quien impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento del transporte), ha dejado en su segundo y último días unos balances que asustan su anunciada réplica para unos días: de las 4,086 toneladas métricas de abastecimiento diario en verduras y legumbres que recibe Lima de las provincias se cayó a 2,863, o sea un 30%, y de las 2,100 de frutas a 1,200, en un bajón del 42.9%, de acuerdo a un informe de la Dirección General de Información Agraria.
Pero la perturbación del paro se ha visto más allá de las cifras que se reducen a carestías evidentes. Lo peor ha sido el rostro de ciudadanos que nada tienen que ver con los líos entre el sector afectado y los políticos en turno a quienes dirigen sus protestas: Una señora de sesenta años perdió su cita en neoplásicas luego de meses de separada yendo del sur a Lima; un estudiante de Huánuco no pudo alcanzar su entrevista para una embajada por el tema de una beca; varios docentes de comunicaciones de Trujillo y Chiclayo no llegaron a la primera jornada de un ciclo de cursos que ofrece a sus socios APFACOM (la Asociación Peruana de Facultades de Comunicación), y así una larga lista de afectados, en lo que se señala como “daño colateral”.
Que el agro busque que el gobierno los tenga en cuenta no sólo le compete al sector, es cierto. El gobierno debe aproximarse, claro, sin esperar llamados. Pero que los dirigentes verdes rechacen la ley de creación de del sistema nacional de gestión integrada al agro, reclamen una mejor ley de aguas, exijan herramientas que les permita competir mejor ante el TLC con los EE.UU., etc debe hacerse sin que el resto del Perú deje de moverse libremente.
En poco menos de 48 horas el sector agrario se ha hecho sentir, aunque quizás no escuchar del todo... por el gobierno. Los dirigentes y sus huestes entre los que los reportes hablan de infiltrados, fuerzas políticas de oposición y matones contratados han levantado la medida por siete días pero ya en el par que se han tomado se ha dejado un saldo de cinco muertos, treinta y tantos heridos, doscientos y pico detenidos y un país en movimiento terrestre que después del martes se levantaba en una pesadilla… de miércoles.
El paro agrario, ilegal por su modos (en su artículo 283 el código penal establece penas entre cuatro a ocho años a quien impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento del transporte), ha dejado en su segundo y último días unos balances que asustan su anunciada réplica para unos días: de las 4,086 toneladas métricas de abastecimiento diario en verduras y legumbres que recibe Lima de las provincias se cayó a 2,863, o sea un 30%, y de las 2,100 de frutas a 1,200, en un bajón del 42.9%, de acuerdo a un informe de la Dirección General de Información Agraria.
Pero la perturbación del paro se ha visto más allá de las cifras que se reducen a carestías evidentes. Lo peor ha sido el rostro de ciudadanos que nada tienen que ver con los líos entre el sector afectado y los políticos en turno a quienes dirigen sus protestas: Una señora de sesenta años perdió su cita en neoplásicas luego de meses de separada yendo del sur a Lima; un estudiante de Huánuco no pudo alcanzar su entrevista para una embajada por el tema de una beca; varios docentes de comunicaciones de Trujillo y Chiclayo no llegaron a la primera jornada de un ciclo de cursos que ofrece a sus socios APFACOM (la Asociación Peruana de Facultades de Comunicación), y así una larga lista de afectados, en lo que se señala como “daño colateral”.
Que el agro busque que el gobierno los tenga en cuenta no sólo le compete al sector, es cierto. El gobierno debe aproximarse, claro, sin esperar llamados. Pero que los dirigentes verdes rechacen la ley de creación de del sistema nacional de gestión integrada al agro, reclamen una mejor ley de aguas, exijan herramientas que les permita competir mejor ante el TLC con los EE.UU., etc debe hacerse sin que el resto del Perú deje de moverse libremente.
*Director de Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán
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