Sobre la base filosófica popular del viejo adagio “el silencio otorga”, desde hace poco más de una semana rige en el Perú la Ley 29060 o Ley del Silencio Administrativo Positivo. La verdad, es que la ley se asienta sobre la base de erigir con más fuerza una sociedad democrática, eficiente y de buenas maneras en un país donde las formalidades son, en general, poco aprehendidas; y los excesos y desplantes ,una práctica común, sobre todo en el sector público, sobre todo en provincias, si la percepción no me engaña.
De acuerdo a la “Ley del silencio”, como se le conoce ya abreviadamente, si una entidad pública no responde en 30 días una solicitud a una persona, ésta dará su trámite como aprobado automáticamente. Por lo menos en teoría, la Ley pone al ciudadano nuevamente en la cúspide del Estado, que es como debe entenderse la configuración de una sociedad moderna.
Para efectos de la Ley del silencio, valen los pedidos de registro, revalidación, autorización y demás; y se excluyen, naturalmente, trámites que atenten contra la salud, el medio ambiente y el interés público en general. Para acogerse a ella, o sea a la Ley, se debe llenar el Formato de Declaración Jurada del Silencio Positivo que ya se halla en la web de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Por lo pronto, ante esta misma entidad, el PCM, las entidades públicas tienen desde la vigencia de la Ley 29060 dos semanas para acogerse a ella y modificar lo que tengan que hacer en sus TUPA. Es decir adaptar sus procesos, lo cual ya cuesta trabajo y voluntad porque según se sabe sólo el 40% de municipios la acogió en su seno. Pero ya 13 ministerios y 15 organismos públicos descentralizados se adaptan a lo ineludible.
Adecuar una Ley en sus mecanismos prácticos es algo que a un aparato estatal desgastado y con poca actitud puede traerle dolores de cabeza. Por ejemplo, para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 27806 y su reglamento, vigentes desde 2003, las entidades públicas acaso han preparado oficinas adecuadas y mecanismos eficientes para su dinámica, pese a que se sienta sobre bases auténticamente democráticas y ciudadanas, como ya escribí hace algún tiempo.
Con la Ley del silencio va a pasar distinto, presumo, porque la ciudadanía la va a valorar más y la va a usar en esa misma medida, por sus repercusiones directas, prácticas e individuales, a diferencia de aquélla. Las entidades públicas van a necesitar tenerlo todo bien dispuesto ahora que el ciudadano tiene un gran as y no bajo la manga.
De acuerdo a la “Ley del silencio”, como se le conoce ya abreviadamente, si una entidad pública no responde en 30 días una solicitud a una persona, ésta dará su trámite como aprobado automáticamente. Por lo menos en teoría, la Ley pone al ciudadano nuevamente en la cúspide del Estado, que es como debe entenderse la configuración de una sociedad moderna.
Para efectos de la Ley del silencio, valen los pedidos de registro, revalidación, autorización y demás; y se excluyen, naturalmente, trámites que atenten contra la salud, el medio ambiente y el interés público en general. Para acogerse a ella, o sea a la Ley, se debe llenar el Formato de Declaración Jurada del Silencio Positivo que ya se halla en la web de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Por lo pronto, ante esta misma entidad, el PCM, las entidades públicas tienen desde la vigencia de la Ley 29060 dos semanas para acogerse a ella y modificar lo que tengan que hacer en sus TUPA. Es decir adaptar sus procesos, lo cual ya cuesta trabajo y voluntad porque según se sabe sólo el 40% de municipios la acogió en su seno. Pero ya 13 ministerios y 15 organismos públicos descentralizados se adaptan a lo ineludible.
Adecuar una Ley en sus mecanismos prácticos es algo que a un aparato estatal desgastado y con poca actitud puede traerle dolores de cabeza. Por ejemplo, para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 27806 y su reglamento, vigentes desde 2003, las entidades públicas acaso han preparado oficinas adecuadas y mecanismos eficientes para su dinámica, pese a que se sienta sobre bases auténticamente democráticas y ciudadanas, como ya escribí hace algún tiempo.
Con la Ley del silencio va a pasar distinto, presumo, porque la ciudadanía la va a valorar más y la va a usar en esa misma medida, por sus repercusiones directas, prácticas e individuales, a diferencia de aquélla. Las entidades públicas van a necesitar tenerlo todo bien dispuesto ahora que el ciudadano tiene un gran as y no bajo la manga.
*Director de Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán
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