Hace ya muchos años, décadas la verdad, una maestra de primaria me enseñó la diferencia sutil y radical a la vez entre ser físicamente invisible y ser transparente. En lo uno, no te pueden ver, pero estás, me dijo. En lo otro, estás, te pueden ver, tanto que se puede ver a través tuyo, continuó. ¿Qué es mejor, ser transparente o invisible?, le pregunté. Eso lo sabrás con el tiempo, contestó.
No recuerdo el nombre de la maestra pero sí la lección y sobre todo haber aprendido que mejor es la transparencia. Pero no soy el único que debe saberlo y actuar en concordancia a ella. Para un estado democrático, es importante que sus funcionarios lo entiendan y asuman. Algo que pese a un cuerpo legal consistente (La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 27806 y su reglamento, ambos en vigencia desde 2003), ocurre apenas en el Perú.
Al 30 de octubre de este año, vencía el plazo para que las entidades públicas actualizaran sus portales webs con información administrativa y financiera referente al tercer trimestre de 2007. Menos del 40%, Sólo 16 de las 41 que monitorea el Consejo de la Prensa Peruana han cumplido con la norma. Además 10 no han actualizado información sobre la ejecución de su presupuesto, remuneraciones y gastos generales.
Hay detrás de cada norma un sostén filosófico-práctico, a veces más de allá que de acá, pero base siempre para que aquella se erija. Se le llama espíritu de ley. Tras la Ley de Transparencia existen una serie de razones que la fundamentan, por ejemplo la de la presunción que una instancia que se dejar ver al trasluz nada tiene que esconder; sólo eso es radicalmente trascendente en sociedades como la nuestra, con larga tradición de corrupción y sitial preferente en los rankings del mismo tema. Pero también está la lógica directamente proporcional centrada en un derecho individual (el de la información) según la cual un ciudadano informado ejerce mejor esa abstracción precisamente llamada ciudadanía: participa, reclama, controla, elige mejor a sus autoridades…
Ser transparente es mejor, claro que lo es. Mi maestra bien podría haber capacitado a quienes, en el sector público, aun prefieren la invisibilidad.
No recuerdo el nombre de la maestra pero sí la lección y sobre todo haber aprendido que mejor es la transparencia. Pero no soy el único que debe saberlo y actuar en concordancia a ella. Para un estado democrático, es importante que sus funcionarios lo entiendan y asuman. Algo que pese a un cuerpo legal consistente (La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 27806 y su reglamento, ambos en vigencia desde 2003), ocurre apenas en el Perú.
Al 30 de octubre de este año, vencía el plazo para que las entidades públicas actualizaran sus portales webs con información administrativa y financiera referente al tercer trimestre de 2007. Menos del 40%, Sólo 16 de las 41 que monitorea el Consejo de la Prensa Peruana han cumplido con la norma. Además 10 no han actualizado información sobre la ejecución de su presupuesto, remuneraciones y gastos generales.
Hay detrás de cada norma un sostén filosófico-práctico, a veces más de allá que de acá, pero base siempre para que aquella se erija. Se le llama espíritu de ley. Tras la Ley de Transparencia existen una serie de razones que la fundamentan, por ejemplo la de la presunción que una instancia que se dejar ver al trasluz nada tiene que esconder; sólo eso es radicalmente trascendente en sociedades como la nuestra, con larga tradición de corrupción y sitial preferente en los rankings del mismo tema. Pero también está la lógica directamente proporcional centrada en un derecho individual (el de la información) según la cual un ciudadano informado ejerce mejor esa abstracción precisamente llamada ciudadanía: participa, reclama, controla, elige mejor a sus autoridades…
Ser transparente es mejor, claro que lo es. Mi maestra bien podría haber capacitado a quienes, en el sector público, aun prefieren la invisibilidad.
*Director de Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán
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