Si las cifras que maneja el Consejo Nacional de la Juventud (Conaju), sobre la base que proyectó hace unos años INEI, son confiables, en el país debe haber a este 2008 poco más de ocho millones cien mil jóvenes, el 27.8% de la población. Si esas mismas proyecciones son certeras, una cuarta parte de los peruanos(as) a nivel citadino concluye estudios universitarios; por extensión, 25 de cada cien de connacionales pasamos por la llamada práctica preprofesional, en razón que es prerrequisito para trámites de egreso e incluso bachillerato.
Es sensata, en ese sentido, la preocupación del Presidente Alan García, sobre el tema, respecto al que alzó la voz hace unos días. No sólo por su impacto cuantitativo, sino por sus implicancias en la manutención de derechos a un grupo etáreo importante, defensa fundamentada en documentos universales, la Carta Magna (que ciertamente no especifica distinciones en cuanto a juventud) y políticas específicas al sector (como el Plan nacional de la Juventud 2006-2011).
La norma prometida por el mandatario se publicó a mitad de semana y ajusta, entre otros temas, lapsos en la jornada laboral, así como lo referente a las sanciones, entre sus más vistosas novedades para con el sector, los jóvenes practicantes. Y pronto se han encontrado las posiciones. A una radio capitalina, el abogado laboralista Ricardo Herrera advirtió que la norma debe hacerse acompañar de acciones específicas como las inspecciones laborales pero que considerar al practicante trabajador en planilla como sanción por el incumplimiento de la norma ya le resultaba excesiva.
El día a día que viven miles de practicantes, no sólo los de leyes o medicina (los citados por García Pérez) en sus centros laborales, y ante un Ministerio de Trabajo que apenas logra efectivizar control al azar, incluso ante normatividad precedente, pueden hacer contrapeso a la opinión del laboralista. Las empresas, y no pocas; incluso algunas entidades estatales, son ciertamente duras con los practicantes, y hábiles para torcer lo que pudo nacer derecho: se crean figuras como el voluntariado, se paga por honorarios por servicios no exactos, etc.
En su Historia de los Jóvenes, Levi y Schmitt -creo haberlos citado antes- detallan cómo entre otros espacios en los que ha tenido que moverse la juventud, el laboral ha sido uno de los más adustos. Para lograr ser maestros, en plena Edad Media, había una serie de fases que sortear y unos requisitos que cumplir como por ejemplo el pago de su “aprendizaje”, en el sentido inverso a cómo ahora se asumen las prácticas pre profesionales, amén de la tutoría que suponía el maestro con derechos, entre otros, de castigo físico al aprendiz. Y claro, es preocupante que parte del sistema, en algunos de sus puntos, no haya salido de ese oscurantismo ahora mismo, en pleno siglo XXI.
Es sensata, en ese sentido, la preocupación del Presidente Alan García, sobre el tema, respecto al que alzó la voz hace unos días. No sólo por su impacto cuantitativo, sino por sus implicancias en la manutención de derechos a un grupo etáreo importante, defensa fundamentada en documentos universales, la Carta Magna (que ciertamente no especifica distinciones en cuanto a juventud) y políticas específicas al sector (como el Plan nacional de la Juventud 2006-2011).
La norma prometida por el mandatario se publicó a mitad de semana y ajusta, entre otros temas, lapsos en la jornada laboral, así como lo referente a las sanciones, entre sus más vistosas novedades para con el sector, los jóvenes practicantes. Y pronto se han encontrado las posiciones. A una radio capitalina, el abogado laboralista Ricardo Herrera advirtió que la norma debe hacerse acompañar de acciones específicas como las inspecciones laborales pero que considerar al practicante trabajador en planilla como sanción por el incumplimiento de la norma ya le resultaba excesiva.
El día a día que viven miles de practicantes, no sólo los de leyes o medicina (los citados por García Pérez) en sus centros laborales, y ante un Ministerio de Trabajo que apenas logra efectivizar control al azar, incluso ante normatividad precedente, pueden hacer contrapeso a la opinión del laboralista. Las empresas, y no pocas; incluso algunas entidades estatales, son ciertamente duras con los practicantes, y hábiles para torcer lo que pudo nacer derecho: se crean figuras como el voluntariado, se paga por honorarios por servicios no exactos, etc.
En su Historia de los Jóvenes, Levi y Schmitt -creo haberlos citado antes- detallan cómo entre otros espacios en los que ha tenido que moverse la juventud, el laboral ha sido uno de los más adustos. Para lograr ser maestros, en plena Edad Media, había una serie de fases que sortear y unos requisitos que cumplir como por ejemplo el pago de su “aprendizaje”, en el sentido inverso a cómo ahora se asumen las prácticas pre profesionales, amén de la tutoría que suponía el maestro con derechos, entre otros, de castigo físico al aprendiz. Y claro, es preocupante que parte del sistema, en algunos de sus puntos, no haya salido de ese oscurantismo ahora mismo, en pleno siglo XXI.
*Director de Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán
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